CHA e IU denuncian que el Gobierno de Aragón no ha respetado el acuerdo unánime de las Cortes de rechazo al proyecto que "reedita" la Aragón-Cazaril y la Graus-Sallente.
La oposición en Aragón a la construcción de la línea eléctrica de alta tensión Peñalba-Monzón-Isona (400 kV) ya no es tan fuerte como se creía. La presentación por parte de Red Eléctrica del trazado definitivo, que aprovechará todas las pilonas de los antiguos proyectos Aragón-Cazaril y Graus Sallente, ha confirmado los peores augurios para los alcaldes afectados. No solo por el itinerario elegido sino porque ha puesto de manifiesto que la oposición solo se ejerce desde el territorio. Los grupos políticos PSOE, PAR y PP, que en febrero de 2009 aprobaron por unanimidad una proposición no de ley para rechazar el proyecto, defienden ahora la "necesidad" de la línea, aunque apuestan por que se construya únicamente por "consenso" con el territorio desde donde han expresado su "oposición" pase por donde pase.
El primero en desmarcarse fue el consejero de Industria, Arturo Aliaga (PAR), que defiende la necesidad de la línea por "un criterio técnico", ya que estima que esta infraestructura es necesaria para atender a las industrias y otros proyectos que demanda el Alto Aragón. Al menos hasta Monzón es "imprescindible". A pesar del acuerdo para rechazar la línea, justifica su postura con el segundo punto en el que se pedía también que se buscara una alternativa "social y medioambientalmente sostenible" que no hipoteque el futuro y que "posibilite el aumento del consumo de energía".
Este acuerdo se produjo poco después de que firmara en octubre de 2008 un acuerdo con Red Eléctrica de España para ampliar en 1.400 megavatios las posibilidades de evacuación de energías renovables, fundamentalmente eólica, que pasa por la construcción la línea. Este es uno de los argumentos de la compañía para justificar la necesidad. De todos modos, la competencia no es regional y fue el Consejo de Ministros quien aprobó el proyecto el 30 de mayo de 2008.
No obstante, también se apunta desde su departamento que "no se puede hacer sin el consenso del territorio". La misma exigencia pone como condición el portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Jesús Miguel Franco, quien también defiende la necesidad del trazado pero pone especial atención en que hay que alcanzar acuerdos con el territorio. Desde su mismo partido, Miguel Gracia, el vicepresidente de la Diputación Provincial, desde donde se creó una comisión con su homóloga en Lérida para oponerse por completo a este proyecto, insiste en que su postura es apoyar a los ayuntamientos. "Nosotros históricamente hemos respaldado a los ayuntamientos, y ya se hizo así con la Aragón-Cazaril. Puedo reconocer que las grandes infraestructuras hacen falta pero tiene que ser con diálogo y acuerdo. Mientras no se alcance, nosotros les apoyaremos como sus representantes", aseguró. De hecho, muchos alcaldes socialistas de la Ribagorza están en contra.
Por su parte, desde el PP el diputado regional José Ignacio Senao, recuerda que la moción la aprobaron con la puntualización de que había que buscar alternativas, como dice el segundo punto 2, porque en su opinión, "Aragón ya ha perdido oportunidades" por las posibilidades de evacuación de la energía. No obstante, pide que el Gobierno de Aragón se reúna con los afectados. También anuncia que se presentará una iniciativa en el Congreso para solicitar un plan de restitución para los municipios.
También IU preguntará en el Congreso por este proyecto, y está dispuesto a apoyar las movilizaciones convocadas contra el proyecto que sigue "los mismos fines que la anterior Aragón-Cazaril".
Para Chunta Aragonesista este planteamiento significa que no se respeta el acuerdo unánime de las Cortes, incluido el PAR. Por lo que el candidato por Huesca, Joaquín Palacín, pidió ayer la dimisión de Aliaga. Al mismo tiempo, recuerda la oposición de los municipios y pide unidad en la lucha.
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