EL Obispado de Lérida se adjudica la propiedad de las piezas de arte aragonesas que reclama la diócesis de Barbastro-Monzón en la vista previa, celebrada ayer en el juzgado de primera instancia de la capital ilerdense, en respuesta a la demanda civil presentada por la Asociació de Amics del Museo de Lleida para definir la propiedad de estos bienes. En esta vista se determinó que el juicio se celebrará el próximo mes de mayo, dejando bastante expedito el camino a la decisión definitiva, para la que se afirma se van a aportar unas pruebas que demuestran que el que fuera obispo de Lérida, Josep Messeguer, creó la colección de arte en litigio de forma legítima hace más de cien años. En esta misma dirección pareció circular la sesión de ayer en la audiencia previa, al rechazar la jueza las cuatro excepciones que habían presentado las dos diócesis contra la petición de esta asocociación cívica leridana, indicando entre otras cosas, que la jurisdicción competente, la canónica, ya ha emitido una sentencia sobre este litigio, entendiendo que el único procedimiento válido para dirimirlo es el canónico. Pero es justamente la firme voluntad de sacar de la jurisdicción eclesiástica esta causa, la que motivó, tan pronto como el Vaticano reconoció la propiedad aragonesa de los bienes, el crear una estrategia conjunta, entre el obispado y las instituciones catalanas, a fin de trasladar este patrimonio de la órbita eclesiástica a la civil , terminando por incorporar las piezas aragonesas dentro de un Museo Comarcal, dependiente de la Generalitat. Todas las acciones que se han acometido, al igual que esta peculiar iniciativa de los Asociació de Amics, no son sino maniobras y artilugios que en nada alteran el sentido ni el contenido primero y principal de la sentencia que indica que la diócesis de Barbastro Monzón es la legítima propietaria de las obras como titular que es ahora de la diócesis a la que pertenecen las parroquias de las que proceden las piezas. Con estas actuaciones sólo se consigue demorar y dificultar el cumplimiento de la ley, al intentar impedir por todos los medios el que se cumpla una sentencia, dictada por un tribunal competente. Un despropósito en el que son tan responsables las autoridades eclesiásticas como las civiles, no sólo las catalanas, sino a las directamente competentes como el Vaticano y el gobierno español, a quienes en definitiva les corresponde ejecutar la sentencia y hacer que se cumpla la ley.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada